El Ente regulador de Servicios Sanitarios (EnReSS) y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe firmaron un convenio marco de colaboración institucional destinado a consolidar el trabajo conjunto en la protección de los derechos de los usuarios en torno a los servicios sanitarios .

El acto se realizó este jueves en la ciudad de Santa Fe, con la presencia de los directores del EnReSS CPN. Hugo Marcucci, Dr. Jorge Lagna y Dr. Jorge Hurani y del Defensor del Pueblo Dr. Arístides Lasarte. También participaron integrantes de ambos organismos.

El convenio ratifica el rol de protección y promoción de los derechos humanos que ambos organismos asumen entre sus competencias, otorgando especial relevancia al derecho al agua potable y el saneamiento. El acuerdo establece el desarrollo de mecanismos de cooperación, comunicación y capacitación a los fines de brindar información y difusión de los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios, facilitando la atención adecuada a sus inquietudes, denuncias o reclamos.

Hugo Marcucci destacó la importancia del acuerdo señalando que “abre la posibilidad de trabajar en cooperación entre el Enress y la Defensoría del Pueblo. Nos posibilita fortalecer la difusión de los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios y colaborar en la resolución de distintas situaciones que los afecten”. Agregó además que “nos permite extender el alcance de nuestras acciones a todo el territorio provincial, fortaleciendo la presencia del trabajo conjunto en cada localidad.”Por su parte, el Defensor del Pueblo Arístides Lasarte resaltó su expectativa positiva respecto del  canal de contacto directo que prevé el acuerdo indicando que permitirá “derivar de modo ágil los planteos que recibimos en la Defensoría, muchos de los cuales nos llegan a alguna de nuestras 50 oficinas en el interior provincial donde el servicio de agua es brindado por cooperativas”.

Ambos organismos coincidieron en que el convenio representa un avance en la construcción de políticas coordinadas, orientadas a la protección de los derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento institucional en materia de servicios públicos esenciales.